Vidas a cambio de inserción en el mercado: Facebook y el genocidio de Myanmar



Dos demandas simultaneas en Londres y en San Francisco acusan a Facebook por el genocidio a la minoría musulmana Rohingya en Myanmar durante el 2017. Las demandas, por parte de refugiados en Estados Unidos, Inglaterra y Bangladesh piden hasta 150 billones de dólares a “Meta”, el nuevo nombre de la compañía de fundada por Mark Zuckenberg.


En 2017, mas de 10,000 personas musulmanas Rohingya fueron asesinadas en Myanmar a manos del ejército “Tatmadaw”. Más de 15,000 fueron heridos gravemente y más de 700,000 huyeron a Bangladesh en busca de refugio.


Las demandas presentadas la semana pasada acusan a Facebook de haber sido cómplice de la propagación del discurso de odio en contra de los Rohingya. Según el abogado Jay Edelson, quien presentó la demanda, esta marca un precedente importante para que Facebook tome responsabilidad en la propagación del discurso de odio en contra de minorías étnicas.


El genocidio en contra de la minoría musulmana Rohingya, en Myanmar (anteriormente Birminia) mayoritariamente budista, se dio en un contexto político turbio y que actualmente se encuentra en guerra civil. Myanmar estuvo bajo un gobierno militar de 1962 hasta 2011, cuando el mismo ejército permitió unas elecciones democráticas.


Sin embargo, en las últimas elecciones de finales de 2020, 83% del parlamento se lo llevó la Liga Nacional por la Democracia, un partido civil. Los militares se rehusaron a aceptar los resultados y declararon un estado de “emergencia nacional” en febrero de 2021, tomaron control del gobierno, la infraestructura, cerraron los bancos y cancelaron las señales de telecomunicaciones.


Además, arrestaron a la canciller Aung San Suu Kyi (premio nobel de la paz de 1991), quien se ha vuelto una ícono de la resistencia y la democracia. No obstante, la figura de la canciller es altamente controversial, ya que ella misma ha defendido el proceso de “depuración étnica” en contra de la minoría Rohingya.


Actualmente, la Canciller sigue detenida y está pasando por un juicio llevado por el ejército en secreto, lo que la podría llevar a ser condenada a 102 años de prisión. En las calles de Yangon, la capital de Myanmar, sangrientas protestas han sucedido desde febrero, y el ejército ha cometido múltiples atrocidades en contra de su población.


Mientras tanto, la comunidad Rohingya, desplazada y traumatizada, demanda a Facebook por haber sido instrumental en su persecución. La red social se instaló en Myanmar en el 2010, y ha tenido un gran éxito dado que utiliza pocos datos y se es la única fuente de noticias para la mayoría de la población.


Desde antes que la red social se instalara en Myanmar, la comunidad Rohingya estaba viviendo una persecución étnica, y a Facebook se le advirtió que la plataforma podría amplificar la violencia. No obstante, la compañía no hizo nada. La demanda argumenta que Facebook intercambió la vida de miles de personas a cambio de una mejor inserción en el mercado del sudeste asiático.


La demanda en contra de Facebook argumenta que:

o El algoritmo de Facebook “amplificó el discurso de odio en contra de la comunidad Rohingya”.

o Meta no invirtió en moderadores y fact checkers que entendieran la situación política en Myanmar.

o La compañía no eliminó de su plataforma el contenido o las cuentas que incitaban a la violencia en contra de los Rohingya.

o No tomó acción suficientemente rápido, incluso cuando la ONU, ONGs y actores privados le advirtieron de lo que estaba sucediendo.


En el 2018, el mismo Zuckerberg admitió que no se había “hecho lo suficiente” para prevenir la matanza en Myanmar, y argumentó que eso cambiaría. No obstante, en los documentos publicados por la whistleblower Frances Haugen, se mostró que del presupuesto de Facebook para mitigar la desinformación, 87% está destinado para el contenido en inglés pese a que tan solo el 9% de los usuarios son angloparlantes.


Normalmente, Facebook se defiende ante este tipo de demandas bajo la Sección 230 del Communication Decency Act, donde se estipula que una plataforma no es responsable por el contenido que sus usuarios publiquen.


Lo que vuelve único este proceso es que se argumentará que se utilicen las leyes de Myanmar en el juicio (no forzosamente tienen que ser las leyes de Estados Unidos, ya que los actos se cometieron en Myanmar). En la ley de ese país, no hay nada similar a la Sección 230.


El abogado Jay Edelson prevé que estas son tan solo las dos primeras demandas de muchas más que vienen. Actualmente, alrededor de 100 personas participan en la demanda colectiva, pero tan solo en Estados Unidos este número podría subir a 10,000. En el mundo, son más de un millón de afectados.


Esta demanda es un primer paso para lograr que Facebook finalmente tome responsabilidad por lo que sus plataformas pueden instigar. Por más de que no sean explícitamente los empleados de Facebook, sumidos en una caja de cristal en Silicon Valley, quienes hayan perpetuado un genocidio en el sudeste asiático, el poder de las redes sociales es tal que ya sobre pasa las acciones individuales.


En un mundo cada vez más conectado, es fundamental hacerse preguntas críticas sobre cómo nuestra participación en las redes sociales afecta al otro. Estar en contra de la violencia va más allá de la omisión de los actos. Aún más importante, una postura por la no-violencia nunca es pasiva.

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